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Ya no se trata únicamente de multas y sanciones administrativas más o menos rigurosas. A partir de diciembre, quienes excedan determinados límites de velocidad o índices de alcohol en sangre acabarán en el banquillo y podrán ser castigados con penas de prisión de tres a seis meses. Si además el juez establece que la conducción ha sido temeraria o ha puesto en peligro la vida o integridad de las personas, las penas podrían llegar hasta los cinco años de cárcel .

El Congreso de los Diputados acordó ayer extraer del proyecto de reforma del Código

Penal las modificaciones relativas a la seguridad vial y tramitarlas con carácter urgente.

Sin embargo, el calendario de plenos en el Congreso y el proceso que debe seguir la reforma para su aprobación no harán posible aplicar las modificaciones hasta diciembre, según distintas fuentes.

Promovida por CiU, la iniciativa fue apoyada por otros cinco grupos parlamentarios y no fue respaldada por grupos como el PNV o el PP, que sin embargo no se opusieron al trámite. “La proposición es en cualquier caso mejor que el actual marco legal”, señaló ayer el portavoz de seguridad vial del partido conservador.

Negociación

A lo largo de las últimas semanas los distintos grupos parlamentarios han perfilado los textos definitivos. La mayor dificultad ha sido fijar los límites penales para considerar delitos los excesos de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Finalmente, se establece que quien circule a más de 200 kilómetros por hora en autopista podrá ser enviado a la cárcel previo paso por los juzgados; similar suerte correrá quien lo haga a 180 km/h en carretera o a 110 en tramo urbano. La tasa de alcohol en aire espirado a partir de la cuál podrá acabarse en prisión es de 0,6 mg o 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre.

La urgencia por introducir estos cambios obedece a la presión de distintas asociaciones de víctimas e instituciones vinculadas a la seguridad vial, además de la propia DGT y la Fiscalía General del Estado, que han solicitado reiteradamente a los jueces más contundencia y severidad en el castigo de delitos relacionados con la conducción. “Con que esta modificación salve una vida, ya es suficiente”, afirmó ayer Ana María Campo, presidenta de la Asociación Stop Accidentes.

“No se trata de mayor mano dura, se trata de concretar cuándo se da delito en la conducción en tanto que hay sentencias absolutamente contradictorias que indignan a las víctimas de accidentes de tráfico o, en ocasiones, a la sociedad en su conjunto”, señaló por su parte el diputado de Convergència i Unió (CiU) y presidente de la comisión no permanente de Seguridad Vial en el Congreso, Jordi Jané.

Tras un estreno prometedor en la campaña del pasado verano el carné por puntos -que el próximo 1 de julio cumplirá su primer aniversario- ha perdido algo de fuelle. La pasada Semana Santa, por ejemplo, el número de muertos sobre el asfalto superó las expectativas de la propia DGT. Hasta este mes de junio el número de muertos sobre el asfalto asciende a 2.672 personas, un 14% menos que en el mismo periodo de 2006.

No obstante, las modificaciones tampoco carecen de detractores. Asociaciones de conductores como Race o Cea advirtieron ayer que el nuevo Código Penal podría acabar criminalizando exclusivamente a los conductores sin ser efectivo en la reducción de accidentes y sin tener en cuenta la responsabilidad que puedan tener las administraciones en la necesidad de reducir los accidentes de tráfico.

“Establecer penas de prisión debería ser el último eslabón en una política de seguridad vial”, explicó el Race, que en cualquier caso pidió que las reformas incluyan la protección de todas las garantías legales para los conductores.

Jueces escépticos

Tampoco en el ámbito judicial se reciben con excesiva esperanza los cambios propuestos. Asociaciones judiciales como Jueces para la Democracia o Francisco de Vitoria han señalado que aunque los nuevos tipos penales pretenden allanar el camino a condenas más rápidas y severas, los jueces deben atenerse siempre a las circunstancias particulares de cada caso y a la presunción de inocencia, por lo que pruebas incriminatorias como la fotografía de un radar podrían resultar insuficientes para condenar a un conductor.

A lo largo del último año, distintos jueces han dictado sentencias absolutorias a favor de conductores fotografiados cuando circulaban a más de 200 km/h o que habían registrado índices de alcohol en aire espirado superiores a lo permitido. En ambos casos los jueces consideraron que no quedaba demostrado que la conducción fuera temeraria.

Además, estas asociaciones dudan de la capacidad de los juzgados españoles para asumir la carga de trabajo que aportarán las sucesivas campañas contra la velocidad y el consumo de alcohol al volante emprendidas periódicamente por la DGT.

Actualmente, la Administración no dispone de estadísticas que permitan adelantar cuál podría ser la carga de casos relacionados con la seguridad vial que llegarán a los tribunales a partir de diciembre y qué capacidad tendrán unos juzgados que ya se declaran colapsados en distintos puntos de España para resolverlos.

Información extraida de: El Mundo