Archivo de noviembre, 2007

Sobre los test de consumo de drogas en la carretera

La Ertzaintza ha comenzado este fin de semana a realizar controles de carretera en los que se efectúa el llamado test Cozart, para la detección de drogas ilegales, mediante el análisis de muestras de saliva de los conductores sospechosos

Este fin de semana se ha comenzado a aplicar y ya se han abierto 16 expedientes sancionadores, que pueden conllevar sanciones de 600 €, pérdida de 6 puntos del permiso de conducir y retirada del mismo durante uno a tres meses.

                              La asociación de usuarios/as de cannabis Pannagh desea expresar su rechazo a estas pruebas y exigir la suspensión cautelar de las mismas, por diversas razones, como su falta de fiabilidad, el carácter discriminatorio de estas pruebas y de la forma de aplicarlas y por la indefensión en que quedan miles de personas que podrían ser sancionadas sin motivo.

Los tests aplicados (Cozart® DDS) no solo detectan a quienes se encuentran bajo efectos tales que “se altere el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro”, que es a lo que se refiere el Reglamento General de Circulación, sino también a los que han consumido una cantidad pequeña que no afecta a su capacidad de conducir, y a quienes han consumido hace horas pero ya no tienen ningún efecto. Según se ha informado, el test Cozart® DDS detecta el consumo que se haya producido en las 3 horas anteriores. Dado que el efecto del cannabis dura una media de 90 a 120 minutos, y que el de anfetamina y cocaína es aún más corto, sin duda se castigará a personas cuyas condiciones psicomotrices y sensoriales son perfectamente normales.

Por otro lado, las pruebas de detección de consumo de cannabis pueden dar falsos positivos en personas que se hayan encontrado en ambientes donde hubiera humo de dicha planta, sin necesidad de haber consumido ellas mismas, de forma que se podría castigar a fumadores pasivos. Por otro lado, visto el peculiar metabolismo del cannabis, cuyos restos se pueden detectar en sangre y orina hasta dos meses después de un solo consumo, es dudoso que el dato de que el test solo detecta el consumo producido las tres horas anteriores sea totalmente fiable, y mucho nos tememos que se sancione por consumos producidos muchas horas e incluso días antes.

En este sentido, no entendemos que se ponga en marcha a bombo y platillo una campaña de control de la población (que incluye, por cierto, la obtención de muestras biológicas, que incluyen lógicamente ADN, de incierto control posterior) y se empiece a amenazar con sanciones a miles de personas basándose en el uso de aparatos cuyos resultados, según se afirma en los estudios encargados sobre esta materia por la Unión Europea en el marco del llamado programa Rosita, no son suficientemente fiables. Los aparatos de detección de consumo de drogas ilícitas están aún en fase experimental, y no podemos entender que se gaste una importante cantidad de dinero público y sancionar gravemente a personas a las que debería proteger la presunción de inocencia, en base a lo que dice la publicidad del fabricante. Es comprensible que Cozart, una multinacional especializada en reactivos, quiera vender muchos de sus aparatos de casi 6.000 € y de su material de test a 22 € la prueba (y hacen falta dos para confirmar la denuncia), pero es menos entendible que el Gobierno Vasco haga oídos sordos a los informes de la Unión Europea, otorgando a una máquina cara y poco fiable el papel de perito, fiscal y juez en algo que afecta a la seguridad de mucha gente.

Además, puesto que aún no se ha determinado reglamentariamente cuál es la prueba legalmente aceptable en este tipo de infracciones, ya que el Reglamento General de Circulación aún no ha sido desarrollado en este punto por la falta de certeza existente en torno a los efectos de ciertas drogas y su detección fiable, entendemos que los controles de carretera de la Ertzaintza carecen de base legal y no podrían dar lugar, por tanto, a sanción alguna.

                              Por otro lado, como personas usuarias de una sustancia ilícita, nos sentimos injustamente discriminadas. No entendemos que se empiece a perseguir sustancias ilícitas antes siquiera de tener los instrumentos adecuados y se siga sin hacer nada en torno a la cuestión de la conducción bajo los efectos de los hoy tan comunes ansiolíticos, antidepresivos, sedantes, etc., además de estimulantes legales como la cafeína, que en dosis elevadas también pueden afectar a la capacidad de conducir. Tampoco nos parece aceptable que, mientras se reconoce que existen niveles admisibles de consumo de alcohol y se informa de ello a la población, se castigue a la vez a personas cuyos niveles de cannabis o de otras drogas no suponen ningún riesgo añadido.

                              El mayor estudio epidemiológico sobre cannabis y conducción realizado hasta el momento, obra del Instituto Nacional Francés para la Investigación en el Transporte y la Seguridad, concluyó que las dosis bajas de cannabis provocaban riesgo de accidente similar al del consumo leve de alcohol, es decir, el que está por debajo del nivel legal de alcoholemia. Y en niveles medios y altos, el cannabis aumentaba el riesgo de forma más significativa, pero en nivel mucho menor que el alcohol, que suele ser la droga causante de la inmensa mayoría de accidentes relacionados con drogas. No podemos aceptar que se castigue a unos por un nivel de riesgo que se acepta en otros. Exigimos que se determine con claridad cómo afecta el cannabis a la conducción y que se castigue a partir de niveles realmente peligrosos.

Por otra parte, Pannagh quiere criticar el formato elegido para poner en marcha los test de detección de drogas ilegales: Controles de carretera nocturnos, en fin de semana, y en los que se selecciona a los sospechosos por su aspecto. El consumo de drogas al volante no es en absoluto exclusivo de los y las jóvenes que salen de marcha, y no nos parece de recibo que la nueva campaña se centre únicamente en este grupo de población. La conducción bajo los efectos de alcohol y drogas de todo tipo puede ser un peligro en cualquier momento, lugar, clase social y grupo de edad.

                              En Pannagh no nos oponemos a que se castigue a aquellas personas cuyo consumo de sustancias haga que sean peligrosas al volante, pero exigimos que ello se lleve a cabo con las debidas garantías metodológicas y jurídicas, algo que en absoluto sucede con el sistema empleado en la actualidad. En la actualidad no existe un método lo bastante fiable y preciso como para distinguir al que consume del que no y al consumidor peligroso del que no lo es, y no se garantiza ni la seguridad jurídica ni la debida protección de la presunción de inocencia. Por ello, exigimos que los controles se suspendan de manera cautelar y los expedientes sancionadores abiertos sean anulados inmediatamente, ya que, en caso contrario, se estaría actuando directamente contra los legítimos derechos de miles de personas y vulnerando gravemente las normas de un estado de derecho.

Info extraida: http://www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=46323

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